Posiblemente algunos lectores han seguido en las últimas semanas un asunto difícil para Metro. El Departamento del Trabajo de Estados Unidos ha indicado que cree que la ley para reformar las pensiones en California (conocida como PEPRA) viola los derechos colectivos de negociación bajo la ley federal de sindicatos que representa a los trabajadores del transporte. Como resultado de ello, Metro y otras grandes agencias de transporte en California podrían perder miles de millones de dólares en fondos federales si el asunto no se resuelve. (Aquí, el enlace a una nota informativa y a un editorial publicados en el Sacramento Bee).
Obviamente, muchos funcionarios públicos en California están de acuerdo con el Departamento del Trabajo y argumentan que los estados tienen el derecho a invocar la reforma de pensiones y que la ley federal actual, que data de la década de 1960, tenía la intención de proteger los derechos de los empleados de las compañías privadas de transporte que estaban siendo convertidas en agencias de gobierno.
Para complicar el asunto, Moody’s ha indicado que la amenaza de perder subvenciones federales podría impactar la calificación del crédito de las agencias de transporte público de California. Esto, a la vez, podría impactar la capacidad de las agencias para asegurar créditos federales y dinero del programa New Starts que se necesita para construir nuevos proyectos de trenes. El equpo de relaciones gubernamentales de Metro emitió el siguiente comunicado sobre este asunto:
Moody’s considera degradar a 15 agencias de transporte de California debido al asunto de PEPRA/13C
Moody’s Investors Service anunció que había colocado bajo revisión a 15 agencias de transporte de California con el fin de degradar sus calificaciones. Esta medida se debe a la posibilidad de que las agencias pierdan subvenciones federales que, en promedio, representan cerca del 13% de sus ganancias de operaciones y 40% de su capital de financiamiento.
Hoy el personal de Metro recibió llamadas del periódico “Wall Street Journal” acerca de la potencial degradación y del asunto de PEPRA/13C relacionado con esto. El impacto financiero negativo para Metro por la posible degradación se debe a nuestra solicitud de créditos por mil millones de dólares bajo la Ley de Innovación y Financiamiento para la Infraestructura del Transporte (TIFIA) para la Extensión de la Línea Púrpura y el Conector Regional. Estos créditos asumen que el secretario del Transporte concederá una exención que requiere una calificación de “A” por parte de dos agencias. Una degradación de cualquiera de las agencias haría imposible la exención.
Sin la exención, será necesaria una completa reestructuración de la propuesta de los préstamos que ya se presentó formalmente a la Oficina de TIFIA del Departamento de Transporte de EEUU. Es probable que una propuesta reestructurada para TIFIA requiera hasta seis meses para procesarse y no se sabe si sería aprobada.
Sin los préstamos de TIFIA, no se podrían aprobar los compromisos financieros necesarios que se requieren para un Acuerdo de Financiamiento con el programa New Starts. También se nos ha informado que el Departamento del Transporte de EEUU no emitirá hoy determinaciones en relación con las certificaciones de la Seción 13. Continuaremos trabajando con la oficina del gobernador, el liderazgo legislativo y dos senadores en este asunto.
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