California demanda al gobierno federal para proteger la reforma de pensiones y recuperar fondos de transporte

El pasado viernes hubo dos desarrollos en Sacramento como se detalla en este comunicado de prensa de la oficina del gobernador Jerry Brown:

SACRAMENTO – Para defender el paquete de reforma de pensiones del gobernador Edmund G. Brown Jr., el estado de California demandó al Departmento del Trabajo de Estados Unidos por rechazar de manera inapropiada subvenciones federales a los proveedores de transporte público de California después de concluir de manera equivocada que las reformas de pensiones limitan los derechos de negociación colectiva de los trabajadores.

“Esta demanda es sólo otro paso para asegurar que nuestro sistema de pensiones sea viable en el largo plazo”, dijo el gobernador  Brown.

El gobernador Brown propuso en septiembre una legislación para asegurar  que subvenciones federales por $1,600 millones fluyeran a los distritos de transporte después que el Departamento del Trabajo de EEUU rechazó conceder fondos al Sacramento Regional Transit District. Este distrito es colitigante en el caso, que el estado entabló a través de Caltrans, al que también le fue negada una subvención  federal el mes pasado.

El viernes, el gobernador firmó la medida (AB 1222), de los asambleístas Richard H. Bloom (D-Santa Monica) y Roger Dickinson (D-Sacramento). La legislación exenta de manera temporal a los trabajadores de las agencias de transporte local del Acta de 2003 de la Reforma de Pensiones de Empleados Públicos de California para permitirle al estado dirimir el caso en la corte y crear un programa estatal de créditos para ayudar a los operadores de transporte que han perdido sus subvenciones federales.

A principios de este año, el gobernador Brown envió una carta al secretario del Departamento del Trabajo, Seth Harris, sobre este asunto.

El fallo del Departamento del Trabajo puso en riesgo más de tres mil millones de dólares en subvenciones federales para  Metro, incluyendo dinero necesario para construir el Conector Regional y la primera fase de la Extensión de la Línea Púrpura. La firma de la  AB 1222 permite que esos fondos vuelvan a fluir (cuando finalice el cierre del gobierno); la demanda intenta resolver el asunto de buena fe en la corte.

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