Una nota publicada hoy por El País informa que la Comunidad de Madrid  ha cuantificado el coste del cierre parcial de la Gran Vía decretado por el Ayuntamiento de la ciudad: entre 9 y 9,5 millones de euros, según el consejero de Transportes, Pedro Rollán,.

“Ha supuesto un esfuerzo extraordinario, porque hemos tenido que desplegar a un gran número de maquinistas, refuerzos en mantenimiento, en limpieza, junto con el coste de la electricidad”, ha añadido. Se han incrementado los trenes en las líneas 1,2, 4,6, 10 y Ramal. Al necesitar más trenes, también ha aumentado la cuantía del alquiler que la Comunidad tiene contratado por los convoyes que utiliza. Se usa el sistema de renting, que consiste en un arrendamiento por un canon fijo durante un periodo de años, y cuando finaliza se puede ejercer el derecho a compra.
De estos 9,5 millones, uno corresponde al aumento de autobuses en varias líneas que solicitó el Gobierno regional al Ayuntamiento. El consejero explica que “ante la falta de respuesta de quien proponía el cierre [el Consistorio], se les solicitó la puesta a disposición de 50 autobuses”. De ellos, 30 se destinaron a las líneas que transitan tanto por la Gran Vía como por su zona de influencia, otros 20 quedaban en cabecera para si se necesitaba ponerlos en circulación en momentos puntuales.

En cuanto a si se puede repercutir parte de los 9,5 millones al Ayuntamiento, Rollán ha indicado que la financiación del metro proviene de la Comunidad de Madrid, por lo tanto, no existe ninguna opción. “Hemos pedido en varias ocasiones que se pueda materializar el anuncio de Carmena de que nuevamente participen en el sostenimiento del metro”, ha dicho. El consejero ha aludido así a la reivindicación del Ayuntamiento de Madrid de recuperar las competencias que tenía en la gestión de Metro, traspasadas en 2011 al Gobierno regional, que asumió íntegramente la financiación de la compañía.

Rollán considera que el Gobierno regional ha cumplido la parte que “nos corresponde, que es garantizar la movilidad”. Otra cuestión es la gestión del tráfico en la zona, “me sorprende la valoración del Ayuntamiento, supongo que los que se han comido los atascos lo ven de forma diferente”. El consejero ha avanzado también que la gratuidad del transporte público en episodios de alta contaminación costaría cuatro millones de euros diarios.