Un grupo de legisladores de California propuso una iniciativa para eximir de leyes de conflicto de interés a funcionarios que trabajan en el proyecto del tren ligero del Valle de San Gabriel.

Encabezados por la asambleísta demócrata de Chino, Norma J. Torres, los legisladores presentaron la iniciativa que ayudaría a cinco miembros y a dos sustitutos de la junta de la Dirección de la Extensión Foothill de la Línea Dorada del Metro que han sido acusados de ocupar cargos incompatibles.

La queja en contra de esos funcionarios se presentó el mes pasado en la oficina del procurador del estado.

Las leyes de Californa prohíben a los funcionarios públicos servir al mismo tiempo en varias comisiones, juntas, concejos de la ciudad y otras instituciones gubernamentales cuyos intereses pueden entrar en conflicto. Los funcionarios de la Línea Dorada que han sido acusados son concejales de ciudades donde pasará la Extensión Foothill de la Línea Dorada del Metro (Metro Gold Line).

Según el diario Los Angeles Times, la queja contra la Línea Dorada fue presentada por Christopher Sutton, un abogado de Pasadena, a nombre del dueño de una propiedad en el Valle de San Gabriel.

La iniciativa de Torres, la AB 706, intenta prevenir que los miembros de juntas, sustitutos, consultores y otros empleados sean perseguidos por violar las leyes estatales de conflicto de interés basados exclusivamente en el hecho de que trabajan o tienen un puesto en una junta directiva.

Esa ley prohíbe a los funcionarios participar en decisiones que involucran contratos o entidades en las que ellos tienen un interés financiero.

Sin embargo, en opinión de Torres, las personas más calificadas paa ocupar un asiento en esas juntas directivas son los concejales de las ciudades. “No podemos permitir que el procurador estatal sea quien determine esto. No queremos que el trabajo se estanque, que los empleos que están en espera se pospongan o que se demoren proyectos importantes”, dijo Torres a Los Angeles Times.

Si la queja de Sutton prospera, los miembros de la junta directiva de la Extensión Foothill podrían ser reemplazados. Para evitar esto, el procurador del estado tendría que determinar que los funcionarios no tienen puestos incompatibles.

Sutton dijo a Los Angeles Times que la iniciativa de Torres ataría de manos a los fiscales si un miembro de la junta de la Línea Dorada votara por un contrato en el cual tiene un interés financiero. “En mi opinión, inmuniza a los miembros de la junta de ser perseguidos”, aseguró.

Torres manifestó, por su parte, que esto no es así, puesto que los funcionarios de la Extensión Foothill, así como los empleados y consultores tendrían que rechazar cualquier participación que involucrara un asunto en el que tuvieran un interés financiero, tal como lo establecen las leyes estatales.