Un empleado de Los Angeles Community College District (LACCD) fue acusado de producir y vender tarjetas I-TAP de Metro a través de Craiglist, de acuerdo con un reporte dado a conocer por la Oficina del Inspector General (OIG) de esa institución.

El programa I-TAP de Metro fue implementado en LACCD para alentar el uso del transporte público entre los estudiantes y empleados con el fin de mitigar el impacto ambiental alrededor de los campuses y de compensar el poco espacio destinado a estacionamientos para autos.

El programa les permite a los estudiantes comprar un pase de seis meses para todo el sistema de Metro por 15 dólares. El Distrito Escolar acordó con Metro subsidiar el programa a un precio de $1.66 por semana para los estudiantes de tiempo completo (FTS) mediante el uso de fondos de bonos. Las ventas son manejadas a través de la Oficina de Negocios del Campus.

Según el reporte, las sospechas de fraude se iniciaron a partir del 3 de noviembre de 2010 cuando Metro le pidió al Distrito comparar sus ventas de tarjetas I-TAP con su inventario de tarjetas en blanco con el fin de detectar cualquier fraude. Debido a que los números no coincidían, la (OIG) recibió la notificación de que había la posibilidad de actividad fraudulenta el 9 de diciembre de 2010.

El 15 de diciembre de 2010, un representante de la OIG se encontró con Tom Hall, director de Planificación de Instalaciones y Desarrollo de LACCD, y quien estaba a cargo de la administración de la tarjeta TAP, para empezar la investigación. Ésta determinó que el individuo que estaba vendiendo las tarjetas falsas en LACC aparentemente las había comprado del vendedor, las había “cargado” en la oficina del campus con una máquina provista por Metro, las anunció en Craiglist y las empezó a vender.

El Departamento del Sheriff se hizo cargo del asunto y el caso fue asignado al detective Frank Richter, quien informó a la OIG que el individuo había sido identificado como Arthur Amirkhanina, un empleado temporal y de tiempo parcial en LACC. El hombre fue arrestado bajo los cargos de robo y hurto y se declaró culpable de ambos. Debido a que no tenía antecedentes penales fue sentenciado a 36 meses de libertad condicional.

Metro dijo estar satisfecho con el resultado de la investigación y tanto LACC como la OIG manifestaron que no llevarán a cabo ninguna acción posterior.