Portugal va a ser pionero en Europa en la regulación de los servicios de transporte urbano como la norteamericana Uber o la española Cabify, de acuerdo con una nota publicada por el diario El País.

A finales de este verano quedará legalizada esta actividad que tantas protestas ha levantado entre los taxistas europeos, según ha anunciado este viernes el secretario del ministerio de Ambiente, José Mendes.

La ley deberá reconoce este transporte de viajeros en la categoría de “automóviles ligeros descaracterizados” y, por tanto, dar luz verde a la actividad y el funcionamiento de las plataformas electrónicas que ofrezcan estos servicios. Falta por conocer el encuadramiento, pero servicios como Uber y Cabify dejarán de estar en un limbo legal, que solivianta a los taxistas y provoca continuas batallas legales a nivel local, nacional e internacional.

La regulación no significará que Uber podrá seguir operando en las actuales condiciones, sino que deberá pagar tasas, al igual que sucede con las licencias de los taxis. Sus conductores deberán ser aptos para realizar esta actividad de transporte de viajeros.

El futuro documento reconocerá el derecho del actual servicio de taxi, como el único en tener paradas en la vía pública y en poder ser utilizado sin necesidad de reserva previa. Por contra, en el caso de las aplicaciones para el traslado de pasajeros, solo podrán funcionar con reserva previa a través de Internet.

El pasado abril, los taxistas de Lisboa y Oporto realizaron una gran protesta contra Uber por considerar que esta empresa, que conecta la reserva por Internet con automovilistas que se convierten en taxistas ocasionales, era competencia desleal al no pagar licencias ni pagar impuestos.

El problema de Lisboa lo han tenido todas las grandes ciudades del mundo, aunque en el caso europeo, los diferentes gobiernos solicitaron a Bruselas que impusiera una doctrina común para el caso más visible de la llamada economía colaborativa, cuyos casos más exitosos son Uber y Airbnb, dedicada a conectar a personas que quieren alojar a turistas en sus casas. Bruselas aconsejó que no se prohibiera esta actividad, pero que tampoco crearan limitaciones hasta el punto de impedir su desarrollo.

Aquí, el enlace a la nota completa:http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/01/actualidad/1467392970_081334.html