En Europa, donde el servicio de Uber también ha levantado olas, el criterio del abogado general de la Unión Europea sobre esta compañía y,en general,  sobre las empresas de transporte colaborativo establece dos líneas básicas que deberían ser consideradas en el futuro, según la siguiente nota publicada en el diario El País:

La principal es que Uber es una empresa de transporte, que esa es su finalidad operativa principal y que el servicio de “puesta en contacto” entre pasajeros y conductores a través de aplicaciones tecnológicamente avanzadas es un factor secundario. La segunda, derivada de esta y no menos importante, es que los Gobiernos europeos están facultados para imponer las mismas licencias y autorizaciones que se exigen a los taxistas. Este es un cuerpo interpretativo que difícilmente podrán eludir los tribunales europeos cuando dicten las sentencias correspondientes.

La vía más correcta es una liberalización pactada del mercado del taxi. Para que esta liberalización sea creíble y atractiva para el mercado (es decir, para los agentes y para los clientes) deben darse varias condiciones. La primera es que las normas sean universales y esté garantizada, mediante una autoridad inapelable, una calidad mínima en el servicio. La segunda es que no debe haber privilegios fiscales. Y por supuesto, hay que acabar con el mercado secundario de licencias, que durante años ha sido una de las lacras del taxi y que ahora amenaza al sector VTC.